Esther Ortega recoge en Redacción Médica el análisis de Ricardo de Lorenzo en relación con esta cuestión. El prestigioso jurista plantea la necesidad de contar con un marco ético y legal que garantice la equidad y la distribución justa de una vacuna que, inevitablemente, no estará disponible para todos los ciudadanos en el momento en que llegue al mercado.  A su modo de ver habría que priorizar al colectivo sanitario ya que "no pueden quedar desprotegidos ni repetirse lo sucedido con ellos durante el estado de alarma". El experto apunta que "los trabajadores sanitarios deberán encabezar la lista de personas que deben ser inmunizadas, son los que más riesgo tienen de enfermar, pero también los que más pueden transmitir la enfermedad, algo que fomenta que los brotes puedan quedar fuera de control, y no solo por razones éticas sino también pragmáticas".